El día en que el Gobierno apagó las linternas en La Veleidosa

• El descabezamiento del Plan Nacional de Búsqueda amenaza con paralizar años de trabajo técnico y logístico. En Tocopilla, familiares de detenidos desaparecidos ven con angustia cómo las decisiones políticas tomadas en Santiago amenazan con dejar a las familias, una vez más, solas frente a la inmensidad del desierto.

El descenso al pique de la mina La Veleidosa, en Tocopilla, comienza con el ruido de las piedras y luego el silencio absoluto del desierto. Un voluntario de la ONG Rescate Atacama se ajusta el arnés y enciende su única herramienta contra la oscuridad: una linterna frontal. El haz de luz ilumina algunos metros, buscando una verdad que lleva más de 50 años escondida. En la superficie, la luz de esa linterna es lo único que sostiene la esperanza de las familias. Sin embargo, el pasado 31 de marzo, un movimiento administrativo a 1.500 kilómetros de distancia, en Santiago, amenazó con apagar esa linterna y dejar las búsquedas a oscuras.

Para Celinda Muñoz, la noticia del descabezamiento del Plan Nacional de Búsqueda (PNB) cayó como un balde de agua fría. Ella es hija de Manuel Muñoz Cornejo, dirigente del Partido Socialista y encargado de recursos humanos en Soquimich Tocopilla. Muñoz Cornejo desapareció pocas semanas después del Golpe, luego de ser sacado por Carabineros desde las oficinas de la empresa. Celinda ha pasado su vida intentando reconstruir el patrón de un padre del que casi no conserva memorias. Junto a su hermana, Ángela Sanhueza-Muñoz, habían depositado sus esperanzas en el PNB. Hoy, la remoción de los equipos técnicos del Programa de Derechos Humanos (DD.HH.) lo sienten como un retroceso.

Desmantelamiento

A nivel central, el Ministerio de Justicia, dirigido por Fernando Rabat, oficializó el despido de las principales jefaturas del programa. Entre las profesionales desvinculadas figuran Paulina Zamorano, abogada litigante con 14 años en la institución; Magdalena Garcés, coordinadora de Búsqueda y Trayectorias y Tamara Lagos, jefa de Archivo e Investigación Documental. El gobierno de José Antonio Kast justificó las salidas argumentando que eran cargos de “exclusiva confianza” y que las funcionarias no contaban con las “aptitudes específicas” para implementar los nuevos lineamientos.

Esa versión choca con la realidad técnica defendida por exautoridades y las propias familias. La Agrupación de Familiares Víctimas de Tocopilla en conjunto con la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia de Antofagasta, emitieron una declaración pública para desmentir el argumento ministerial. En el documento afirman que las profesionales “ingresaron vía concurso público, entendiendo su amplia experiencia en las áreas que lideraban” y son categóricos al señalar que los roles dentro del Programa de Derechos Humanos “no deben ser ‘de confianza’ del gobierno de turno, sino cargos técnicos que permitan avanzar en la búsqueda de detenidos desaparecidos”.

Paola Tognola, presidenta y vocera de la agrupación tocopillana, advierte que esta medida rompe un vínculo de trabajo estrecho y recuerda que el programa ha operado como una política de Estado ininterrumpida desde 1997. En el norte, esa desconfianza se agudiza al recordar que el ministro Rabat integró el equipo jurídico que defendió a Pinochet.

Hallazgos

El riesgo de este desmantelamiento no es ideológico, es material. El equipo despedido lideraba más de 430 causas judiciales. Al remover a quienes sistematizaron archivos sensibles, se pone en peligro la pista de hallazgos, como las excavaciones sugeridas en una posible fosa clandestina en Macul, donde militares habrían arrojado hasta 30 cuerpos.

En Tocopilla, el impacto logístico es profundo, ya que el PNB financiaba la presencia en terreno de la ONG Rescate Atacama y coordinaba apoyos vitales. Paola Tognola destaca que habían logrado que Codelco facilitara tecnología para tener conexión en la profundidad de los piques, además de sumar a expertos de Sernageomin. Sin esa red técnica, la certeza se desploma. Una diligencia judicial programada para mayo en Tocopilla, orientada a buscar a Manuel Muñoz y a Luis Gómez, queda —por el momento— envuelta en incertidumbre. Celinda resume la angustia: “Fue como un dulce que nos dieron y ahora nos quedamos sin nada”.

Desierto y memoria

Pese a los despidos, el Ejecutivo asegura que el Plan Nacional de Búsqueda no se paralizará. Sin embargo, en el Puerto Salitrero las garantías oficiales las toman con pinzas. Para las familias, la supresión de la experticia técnica, sumada a los rumores sobre eventuales indultos a violadores de derechos humanos, se lee como un intento de frenar la justicia. “Yo creo que nos van a dejar más solas”, pronostica Celinda, temiendo el regreso a una época donde el Estado solo emitía la orden judicial y las familias eran quienes debían buscar cómo financiar todo.

Su hermana Ángela comparte esa desolación colectiva. Para ella, la decisión tomada en la capital fue un golpe que las dejó descolocadas: "Fue una falta de respeto no solo para nosotras, sino para todos quienes tienen familiares desaparecidos".

El voluntario comienza el ascenso desde el fondo del pique. Al llegar a la superficie de La Veleidosa, apaga su linterna. El sol de Tocopilla golpea la tierra. Las familias se retiran del terreno con la misma pregunta que las persigue hace casi 53 años. El discurso oficial promete continuidad, pero en la profundidad de la mina, el mensaje del 31 de marzo fue otro: en las oficinas de la capital se decidió que mantener esas linternas encendidas ya no era una prioridad.

La búsqueda continuará a pulso, pero las mujeres del norte saben que el Estado, una vez más, ha vuelto a dejarlas a oscuras.

Manuel Muñoz Cornejo sigue como detenido desaparecido.